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El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, tiene por objetivo afrontar las consecuencias de la suspensión de la actividad de los juzgados y tribunales, lo que exige cambios normativos y organizativos en aras de lograr:

    La reactivación del normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

    La salida ágil de la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma cuando se produzca el levantamiento de la suspensión. 

Thomson Reuters nos ofrece el análisis de D. Francisco José Sospedra Navas, magistrado del TSJ de Cataluña, sobre todas y cada una de las medidas previstas en el Real Decreto-Ley 16/2020, con indicación de su objetivo y duración, los perfiles profesionales interesados, la normativa afectada y relacionada, así como la referencia a documentación que ayudará a interpretar las dudas de aplicación que puedan surgir y las implicaciones de su materialización.